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Lavado I: imputan y piden detener a Rey, Lugo y otras cinco personas

Así lo solicitó el requerimiento de instrucción formal del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini presentado este martes. Las imputaciones también alcanzan a otros exfuncionarios y personas allegadas a ambos. Pidió, además, que la justicia provincial decline su competencia y avanza sobre el ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó este martes el requerimiento de instrucción formal de la causa en la que imputa al exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, al exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo y a personas allegadas por considerarlos coautores de los delitos de lavado de activos agravado por habitualidad, por ser miembros de una banda y por ser cometidos en ejercicio de la función pública. Además, se solicitó a la jueza federal Zunilda Niremperger que libre la orden de detención de los dos primeros –que ya se encuentran privados de libertad por disposición de la justicia provincial- y de otras cinco personas vinculadas a esta investigación y, en una fuerte señal política, que la justicia provincial decline en el fuero federal las investigaciones por los delitos precedentes.

Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, el voluminoso requerimiento de instrucción elaborado por el fiscal Sabadini cuenta con 106 páginas y 11 cuerpos.

Además de a Lugo y a Rey, las imputaciones por lavado de activos alcanzan, también en calidad de coautores, a Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela y Ricardo Ariel Retamozo; como partícipes necesarios a Hugo Orlando Rey (hermano de Horacio Rey), Susana Beatriz Fernández (pareja de Rey y exsecretaria privada del gobernador Domingo Peppo), Ramón Alejandro Chávez y Gustavo Alejandro Katavich (exresponsable del fideicomiso de pautas publicitarias, detenido este martes), y a Facundo Gil, titular de la agencia de publicidad Brandon SRL, como partícipe secundario.

Los pedidos de detención apuntan a Horacio Rey, Roberto Lugo, Gustavo Katavich (los tres se encuentran privados de su libertad por orden de la justicia provincial) y a Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo y César Orlando Zibecchi.

Los delitos precedentes
Según señala el escrito, los supuestos delitos precedentes que dan lugar a la imputación por lavado de activos, en el caso de Horacio Rey y Roberto Lugo son los de ser coautores de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, “malversación de caudales públicos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” (en el caso de Rey en 7 hechos) e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La situación del ministro Ocampo
En el caso particular del ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo, y de su esposa, la contadora Alicia Ceferina Vázquez, el requerimiento del fiscal Sabadini los imputa por presunto “fraude en perjuicio de la administración pública” (en 7 hechos); a Ocampo, además, se lo imputa por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

Más involucrados
Al exsubsecretario de Políticas Comunicaciones, Paulo Butticé, quién fue detenido este martes por orden de la justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal lo imputa como autor de los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “fraude en perjuicio de la administración pública” (en 7 hechos), “incumplimiento de deberes de funcionarios público” y como partícipe secundario en el delito de “malversación de caudales públicos”.

A la lista se agregan César Orlando Zibecchi y Patricia Raquel Zibecchi imputados por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”, en calidad de partícipes necesarios, “asociación ilícita” y “fraude en perjuicio de la administración pública” (en tres hechos).

Antecedentes de la declinación de competencia 
El planteo del fiscal Sabadini para que los fiscales ordinarios declinen su competencia en el fuero federal encuentran un antecedente cercano a partir del conflicto suscitado a partir de la investigación de la sedición de la Policía del Chaco en diciembre de 2013 en reclamo por mejoras salariales, lo que derivó en una investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal de la Nación y sendas causas en la justicia provincial que, finalmente, se zanjaron con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que la competencia le correspondía a la justicia federal.

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