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Lavado I: un ágil Sabadini evitó los posibles planteos de nulidad

El fiscal federal se movió rápido, emprolijó la situación y encaminó la causa. Así, lo actuado hasta el momento sigue firme mientras el expediente ingresa a una etapa decisiva; igualmente, la puja con el fuero provincial podría retrasar los tiempos.

La disputa por las competencias en el marco de la investigación que involucra a funcionarios provinciales es tan feroz como abierta, pero mientras hay más desencuentros entre los fueros, la situación legal de los imputados se oscurece más y más.

Aún en cancha embarrada, quien sacó una luz de ventaja es el fiscal federal Patricio Sabadini.
Rápido de reflejos, Sabadini emprolijó la causa y ató una serie de cabos sueltos que podrían haber derivado en un planteo de nulidad y un retroceso definitivo para el expediente, tal como había adelantado LA VOZ DEL CHACO en su edición del lunes 26.

Sin embargo, la agilidad del fiscal en sus movimientos creó un «paraguas» que protege todo lo actuado por la Justicia Federal hasta el momento y que llevó a la detención e imputación de unas quince personas, varias de ellas exfuncionarios.

Si bien persiste la puja entre los fueros -el federal versus la Justicia provincial- Sabadini avanza a paso firme y seguro con las pruebas recolectadas y una causa cada vez más precisa, firme y concreta.
Cerca del titular de la Fiscalía Federal aseguran que él está «muy conforme» con lo hecho hasta ahora y que cree que las averiguaciones «no tienen fisuras».

Con esa confianza, y tras haberse sacado de encima un eventual planteo de nulidad a raíz de los errores que cometió la Justicia provincial en su expediente paralelo «precedente», Sabadini se apresta a ingresar en terreno decisivo.

Tras elevar la causa mediante el requerimiento de instrucción formal, dirigido a la jueza federal Zunilda Niremperger, el fiscal le imprimó otro ritmo al caso.
Ni hablar si se tiene en cuenta que al hacerlo dio un paso tan crítico como determinante: la imputación del ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo, sobre quien pesaban desde el estallido de la causa, serias sospechas.

El fiscal puso blanco sobre negro y avanzó seguro: detrás quedaron versiones, supuestos y corrillos de pasillo. También le sacó una ventaja cualitativa al equipo provincial de fiscales.
Es que lo actuado hasta ahora por ese conglomerado comandado por el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, no era para nada complementario al trabajo suyo.
Es más, en los idas y vueltas de la disputa, en el entorno de Sabadini se trabajaba con la idea de que ciertos movimientos de los fiscales locales traían «complicaciones» en el día a día.
Más aún cuando -con las detenciones de Horacio Rey, Roberto Lugo y los hermanos Susana e Ismael Fernández- quedaron al desnudo varios huecos que habilitarían a la defensa a plantear la nulidad.

EL DILEMA
DE LOS «TIEMPOS»
Ya con el camino un poco más despejado, Sabadini igual no pierde de vista que la puja de competencias podría retrasar severamente su trabajo.

Las intransigentes posturas de los referentes del fuero provincial podrían llevar a la disputa directamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJN) y con ello demoras y otros contratiempos.
La molestia del fiscal es evidente, pero no lo encegueció y tampoco lo paralizó. Al contrario, marcó un punto de inflexión que le permitió acelerar tiempos y dar pasos certeros.

Más fuerza tomó al presentar -el jueves- la solicitud para que la Justicia provincial se aparte de la investigación y decline competencia al tratarse los delitos precedentes (que son sobre los que intervino el fuero local) conexos al de lavado de activos.
Las cartas están echadas y los tiempos judiciales no son los mismos que los políticos o mediáticos.

La puja de competencias no cesa: todos los caminos conducen a la Corte
El fiscal federal Patricio Sabadini y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Rolando Toledo, protagonizaron ayer un fuerte cruce en el marco del ya sostenido enfrentamiento de competencias en torno a la megacausa Lavado I.

De esta manera, y a partir del recrudecimiento de la puja entre ambos fueros, todo se encamina a que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la que termine por definir quién se queda con el expediente en marcha.
«Nosotros hemos advertido una posibilidad de que normativamente se solicite, atento a la conexidad de los delitos precedentes y la gravedad de las imputaciones en el marco del delito de lavado», sostuvo, ayer, Sabadini, en una entrevista que concedió a Canal 9.
Y agregó: «Aquí el tercero que podría incidir en el conflicto es la Corte Suprema».
«Yo no pongo en tela de juicio el modo de designación y que los funcionarios imputados son provinciales, incluso los delitos son del fuero ordinarios; acá hay un tema desde el punto de vista jurídico que amerita al menos que una instancia de alzada, si hay un conflicto de competencia, lo someta a discusión y los resuelva», apuntó.

Esa fue la respuesta del fiscal federal a las declaraciones que hizo, horas antes, Toledo.
El titular del STJ había dejado en claro su malestar con el titular de la
Fiscalía Federal y también se abrió a que sea la Corte la que defina.
«Es importante que la Justicia provincial intervenga en las cuestiones que está interviniendo porque está en juego la responsabilidad de funcionarios que fueron elegidos por el gobernador (Domingo Peppo)», había manifestado Toledo, también a Canal 9.
«La Justicia Federal es un fuero excepcional y extraordinario, lo ordinario es lo provincial», acotó el presidente del STJ, quien incluso fue más lejos al señalar que «lo federal en esto no tiene nada que hacer».

Distintas miradas
LA VOZ DEL CHACO consultó a una serie de abogados especialistas en derecho penal respecto al posible choque de competencias en torno a la causa por supuesto lavado de activos en la que están implicados distintos funcionarios.

De acuerdo con las apreciaciones de los profesionales, el criterio que la Corte Suprema utilizó en situaciones similares es que la investigación quede en manos del fuero federal.
Además, los especialistas coincidieron en marcar que lo ideal es que los expedientes sean unificados, pero que queden bajo la órbita de la Justicia Federal.

Los abogados consultados consideraron que esa es la manera más adecuada para juzgar tanto los posibles delitos precedentes como los de lavado.
Además, indicaron que hay un «costo social» para la Justicia provincial a raíz de las demoras y la pérdida de tiempo que implicaría una eventual remisión del caso a la Corte.

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