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La deuda en dólares, otra palanca de Milei para disciplinar a los gobernadores

MIlei habilitó dólares a Entre Ríos y Chaco y se los negó a Córdoba. Caputo maneja con criterio político el acceso de las provincias al mercado de divisas.

Uno de los temas mas relevantes y menos mediáticos de la negociación entre Nación y provincias pasa por los vencimientos de deuda en dólares que tienen que afrontar algunos gobernadores.

A las restricciones de acceso al tipo de cambio oficial, se suman los efectos de la devaluación, mas la caída brutal de la recaudación, la licuación de fondos coparticipables y la eliminación de transferencias no automáticas. Es decir, a los gobernadores le quedan pocos lugares donde buscar los dólares para cumplir sus obligaciones externas.

El total de vencimientos por deuda provincial previstos para este año asciende a USD 1877 millones. La provincia Buenos Aires es lejos la que enfrenta el mayor desafío con vencimientos por  USD 702 millones; le sigue Córdoba con USD 353 millones y Chubut con USD 130 millones.

De las provincias con deuda externa, las que tienen menores cargas son Tierra del Fuego con vencimientos por USD 7 millones; Santa Fe USD 17 millones.

En el medio de la tabla están Jujuy con vencimientos por USD 60 millones y Ciudad de Buenos Aires por USD 67 millones, claro que la diferencia de recaudación entre ambos distritos es abismal.

El total de vencimientos por deuda provincial previstos para este año asciende a USD 1877 millones. La provincia Buenos Aires es lejos la que enfrenta el mayor desafío con vencimientos por USD 702 millones y le sigue Córdoba con USD 353 millones.

Del total de los vencimientos, el 55% corresponde a amortizaciones y el resto, a intereses. El mes más desafiante es junio cuando hay que pagar en total USD 204 millones, traccionado por Córdoba a la que corresponde asumir el 80%.

A medidados de Febrero, el ministro de Economía le ordenó al BCRA habilite el acceso al dólar oficial a las provincias de Entre Ríos y Chaco. Rogelio Frigerio afrontó un vencimiento de USD 64 millones de capital e intereses. El gobernador de Entre Ríos había advertido al Gobierno que en caja sólo tenía USD 47 millones.

El gobernador de El Chaco, Leandro Zdero.

Por su parte el gobierno chaqueño de Leandro Zdero canceló el vencimiento de la primera cuota de capital más intereses del Bono Internacional, por USD 37,8 millones, emitido por la gestión Domingo Peppo en 2016 y reestructurado en 2021 por Jorge Capitanich. En este caso, la Nación asistió a la Provincia mediante un adelanto transitorio de coparticipación.

Caso muy distinto es el de Córdoba, que viene a los tropiezos desde mediados del año pasado cuando el problema era un dólar oficial inaccesible y no la falta de recursos de la provincia para adquirir las divisas que caracteriza este momento. En medio de la pelea con el cordobés, Milei ordenó a Caputo negarle los dólares a Llaryora. No es un problema nuevo para los cordobeses.

En julio del año pasado, durante el gobierno de Alberto Fernández, la provincia tuvo que conseguir una medida cautelar para poder comprar en el Mercado Unico y Libre de Cambios las divisas necesesarias para afrontar un vencimiento por USD 9 millones.

Milei ordenó a Caputo que le entregue dólares a Rogelio Frigerio y Leandro Zdero para que paguen un vencimiento de deuda externa, pero se los negó al cordobés Llaryora.

En ese momento Sergio Massa era ministro de Economía y el contexto de profunda agudización de la escasez relativa de divisas, el BCRA no conseguía captar dólares y la demanda crecía. Con este panorama, el gobierno anterior puso dos cartas sobre la mesa: la opción de reestructurar los vencimientos y pagar cash el 40% del total comprometido, con un correlativo costo en la confianza crediticia; o, que las provincias pongan dólares propios para pagar los vencimientos en tiempo y forma.

Esta segunda vía es la que ahora esgrime el ministro Toto Caputo, pero especialmente con las provincias que no se disciplinan a Milei. Y el ejemplo vuelve a ser Córdoba que un mes atrás afrontó un vencimiento por USD 27 millones con recursos de la provincia.

«Con estos pagos, el Gobierno de la Provincia ratifica el compromiso de honrar sus obligaciones al tiempo que adopta todas las previsiones necesarias para mantener el equilibrio de las cuentas provinciales, en el marco de las renegociaciones de salarios y jubilaciones que permitan afrontar puntualmente el pago de los mismos», anunció la administración de Llaryora, intentando diferenciar las cuentas de Córdoba de las nacionales.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Los depósitos en dólares bajo titularidad de provincias, sea en bancos locales o cuentas en el exterior, están protegidas por el secreto bancario. Pero el secreto a voces resuena desde que el ex presidente Nestor Kirchner reconoció en 2002 que los fondos de Santa Cruz estaban en una cuenta en Suiza, supuestamente para protegerlos de la vulnerabilidad del sistema financiero argentino.

«Las provincias están habilitadas a abrir cuentas en bancos comerciales locales y del extranjero si cumplen con las condiciones contractuales entre las partes. Lo que pasa es que no todas las provincias tienen excedentes dolarizados, son unicamente aquellos distritos con capacidad exportadora y un importante flujo de regalías», precisó a LPO un ex funcionario de Economía.  Los depósitos en dólares que el sector público provincial tiene en bancos comerciales sumaban más de USD 3000 millones a diciembre del 2023, colocados a nombre de gobiernos locales y empresas del estado, agregó a LPO la fuente consultada.

La restricción política a la que los somete Milei, obliga a los gobernadores que quieren conservar márgenes de autonomía de la Casa Rosada a extremar la imaginanción para evitar el default.

Por caso, el cordobés Llaryora apura un nuevo bono por unos 500 mil millones de pesos para hacerse del colchón necesario para enfrentar los vencimientos de este año. Llaryora coordinó con su delfín en Córdoba Capital, Daniel Passerini, que mida la temperatura del mercado con una colocación de la ciudad por 30 mil millones. La decisión de pagar «en tiempo y en forma» tiene ese propósito: mostrar al Estado cordobés como un cumplidor responsable.

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