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ATE Chaco repudió la intervención del Registro de la Propiedad Inmueble

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) repudió la intervención del Registro de la Propiedad Inmueble, establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Domingo Peppo y el ministro de Gobierno, Martín Nievas, el pasado 22 de noviembre. La medida es por 180 días.

En sus considerandos, el decreto argumenta tremenda decisión en una serie de falacias que a continuación se describen:

En su inicio, considera que la medida se toma “por una serie de inconvenientes internos”, lo cual es absolutamente falso, ya que se trata de un conflicto gremial, en el cual los trabajadores y trabajadoras organizados en ATE presentaron una propuesta al ministro Nievas para mejorar la atención al público, garantizar la transparencia del proceso y mejorar la recaudación, beneficiando tanto a los usuarios como los intereses de la provincia.

Dice además que las medidas de fuerza generan “malestar en los propios empleados”, siendo que el 100% de los trabajadores y trabajadoras vienen adhiriendo a las medidas. Lo que genera “malestar en los empleados” es la falta de voluntad de las autoridades para escuchar los planteos y propuestas para arribar a soluciones que redunden en beneficios para todos.

Desde ATE Chaco vemos además desproporcionada la medida tomada por el Ejecutivo Provincial y que claramente se enmarca en una acción de práctica desleal con el objetivo de silenciar a los trabajadores en su legítimo reclamo.

Una vez más, las corporaciones intentan prevalecer sus intereses económicos por sobre el derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras.

Y esto se ve claramente expresado en un párrafo en el que reconocen que la medida de fuerza afecta “los negocios inmobiliarios”, dejando en evidencia que la intervención responde a la presión y el lobbi que está haciendo desde el Colegio de Escribanos hasta los operadores inmobiliarios.

También dice en sus considerandos que las medidas de fuerza “hacen que prevalezca cualquier voluntad individual”, cuando se trata de una acción colectiva llevada a cabo por los trabajadores y trabajadoras del organismo, organizados y legalmente amparados por un sindicato con Personería Gremial Nº 2.

Por último, el texto dice que producto las medidas de fuerza “se ve afectada en la prestación de servicios esenciales”, siendo que sólo se consideran servicios esenciales a la salud, el transporte, la energía, etc, aquellos en los cuales corren riesgo la vida de las personas, y no sus negocios inmobiliarios.

La intervención se hace producto de una medida de fuerza gremial, ejerciendo práctica desleal al desconocer el derecho a huelga amparado por nuestra Constitución Nacional.

Llama la atención que cuando se resienten los servicios más básicos a los que accede la población de menores recursos económicos, como en la salud pública la educación o la cultura, al Ejecutivo parece no importarte solucionar los conflictos. Ahora, cuando los intereses que se tocan son de los grandes empresarios, y hasta los mismos funcionarios de esta gestión, no les tiembla el pulso para tomar cualquier medida arbitraria para poder avanzar con los negocios.

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