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Santiago Maldonado: “momentos sombríos en los que la sociedad descree de sus custodios”

La repentina aparición de un cuerpo en la zona de búsqueda de una persona desparecida hace más de 60 días, ha servido no solo para dejarnos con la tristeza humana de enfrentar la muerte y el dolor de sus seres queridos, sino además para interpelarnos acerca del funcionamiento de las instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia en la Argentina. Fuere la hipótesis que sea la que finalmente se confirme, no podemos dejar de acordar en que esta aparición sorpresiva exhibe un fuerte déficit en la eficacia de la actuación de las instituciones que debieron haber no solo buscado a Santiago Maldonado, sino además resguardado y prevenido todos los escenarios posibles y cercanos donde el mismo hubo desaparecido.

Todos nos enfrentamos ahora con la incertidumbre de no entender por qué razón el cuerpo apareció en una zona que habría sido objeto de la búsqueda, pero esa duda principalmente se alimenta de la incerteza de saber si los responsables de la investigación actuaron o no con la diligencia, la profesionalidad y la imparcialidad debidas, a lo que se suma la nula u opaca visibilidad de los operativos de búsqueda, ante la también ineficaz política comunicacional de las mismas instituciones de seguridad y de la justicia que intervinieron.

En casos como la desaparición de Santiago Maldonado, la comunicación al público bordea un delicado equilibrio entre la necesidad de asegurar la confidencialidad del proceso de investigación en curso para no comprometerlo y la equivalente y no menos importante necesidad de mantener informado al público, a la sociedad de la que ese ciudadano desaparecido también forma parte y de cuyo crédito habrá de depender ulteriormente la credibilidad de la más corroborada y objetiva hipótesis que finalmente se le presente.

Esa pésima comunicación social es la que ahora nos enfrenta con la incredibilidad de lo actuado, por la previa impericia de lo comunicado al público. Cuanto más comprometidas se encuentren las instituciones que deben amparar las seguridades y libertades de las personas como consecuencia de la sospecha cernida sobre su actuación, más transparentes y públicos deben hacerse los procedimientos iniciados con el fin de aclarar la corrección o no de su proceder. Esto no fue lo que sucedió en el caso Maldonado.

Antes que transparentarse ante la sociedad que escrutaba con desconfianza sus movimientos, las instituciones de la seguridad y la justicia que investigaron la desaparición, se encerraron en una circular defensa de sus miembros primero; y en una tardía entrega posterior que ya se encontraba contaminada por la sospecha definitivamente instalada en la sociedad.

Si las fuerzas de seguridad federales habían actuado en el operativo en el que aparentemente se produjo la desaparición, pues la primera decisión política de su conducción jerárquica y en su defecto, de su comando político, debió haber sido separar preventivamente a todos los agentes quienes intervinieron en el operativo e imponer la intervención de una Fuerza distinta, sin vinculación de mandos con aquella excluida.

De la misma manera, estos casos que no sólo se juzgan en los tribunales y en los opacos expedientes, sino que además sirven para escrutar y aportar o restar legitimidad a las instituciones de la democracia, deben abrirse a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como por ejemplo el Comité sobre Desaparición Forzada de la ONU, órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional del mismo nombre que tiene rango constitucional de acuerdo a lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la CN. Son estos momentos sombríos, donde la sociedad descree de sus custodios y teme por sus libertades, donde el Estado mismo debe someterse al más estricto de los escrutinios y controles, generando en sus ciudadanos la seguridad de que no tiene nada que esconder y de que la eventual actuación irregular de alguno de sus agentes, no será tolerada ni encubierta.

Abrirse a la propia investigación es el mejor camino que puede seguir un Estado cuando aparece la sospecha de que la fuerza legítima que monopoliza para defender las libertades de todos, ha sido desviadamente utilizada para atentar contra aquellos a los que debió proteger.

 

(*) Miembro de la mesa directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Ex Presidente del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia. Presidente de la Convención Nacional del Frente Renovador Federal.

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