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Fiscal pide incorporar al juicio de obra pública testimonios de arrepentidos del caso cuadernos

El fiscal ante el Tribunal que juzga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros procesados por supuesta asociación ilícita y defraudación con la obra pública nacional en Santa Cruz pidió incorporar al debate oral los dichos de once imputados colaboradores de la causa por los cuadernos de la corrupción.

Se trata de un escrito entregado por el fiscal Diego Luciani al Tribunal Oral Federal 2, que rechazó planteos para suspender el juicio, y define ahora un cronograma para las declaraciones indagatorias que se iniciarán el próximo lunes, informaron fuentes judiciales.

Luciani solicitó incorporar once testimonios entre ellos los del constructor Ricardo Wagner, el financista Ernesto Clarens, el ex chofer del detenido Roberto Baratta, Oscar Centeno, y el también preso ex secretario de Obras Públicas José López y la del ex funcionario Claudio Uberti.

José López es juzgado actualmente junto a la senadora nacional, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros procesados, pero sus dichos como imputado colaborador están en la causa cuadernos, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

Luciani pidió acceder a estos testimonios y tras evaluarlos consideró de “profundo interés” para el caso que se incorporen al debate oral como prueba.

La decisión será de los jueces del Tribunal Oral que podrían pedir su opinión a las demás partes del juicio.

También se solicitó incorporar las declaraciones como arrepentidos de Juan Chediak, Juan Carlos De Goycoechea, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti y Alberto Taselli.

En la audiencia del lunes último, el Tribunal rechazó planteos de las defensas y dispuso que continúe el juicio que ingresará en la etapa de declaraciones indagatorias.

Para ello dio un plazo de 48 horas a los abogados de todos los acusados para que informen si hablarán ante el Tribunal y así fijar un cronograma.

La actual candidata a vicepresidenta el Frente de Todos es juzgada junto a De Vido, López, Lázaro Báez y otros acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de este último durante su gobierno.

Además, se analiza si hubo sobreprecios, si fueron pagadas pese a estar sin finalizar y si las empresas de Báez estaban en condiciones de adjudicarse las 51 obras en cuestión.

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