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Lavado 1: Sabadini cree que Lugo desvió y lavó dinero en el gobierno de Capitanich

El fiscal federal Patricio Sabadini emitió dictamen rechazando nuevamente el pedido de excarcelación del exsubsecretario de Comercio: Roberto Lugo, en la cauda Lavado 1, en la que se encuentro detenido junto al exsecretario General de Gobierno: Horacio Rey, desde marzo de 2018.

La semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones reenvió a la juez Zunilda Niremperger las actuaciones para reevaluar la situación de Lugo luego de la entrada en vigor del marco que pone límite a las prisiones domiciliarias.

Sabadini expresó que, si bien este límite no estaba vigente al momento de la anterior negativa de excarcelación, los elementos planteados por la defensa de Lugo fueron debidamente valorados y nada se modificó desde entonces.

El fiscal entiende que Lugo representa no sólo un riesgo para la investigación, ya que podría ocultar o destruir evidencias no sólo de los hechos que se le imputan y son investigados, sino de otros que aún no fueron descubiertos y que agravarían su situación.

Por eso, paralelamente, remitió un requerimiento de ampliación de la imputación de Lugo, y de la contadora Patricia Vázquez, también investigada en Lavado 1, cuñada del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas: Cristian Ocampo, exsíndico del Nuevo Banco de Chaco y exfuncionaria de Chaco Valores, designada por el gobernador Domingo Peppo.

En la ampliación surge un nuevo actor: Carlos Manuel Amarilla, exempleado de las firmas Intranea SA y Insumos y Productos del Paraná, que el fiscal considera estrechamente vinculadas a Lugo o directamente de su propiedad.

Para Sabadini, Vázquez y Amarilla son testaferros de Lugo en una serie de operaciones inmobiliarias, el armado de sociedades y en operaciones con el Estado direccionadas para el desvío de fondos públicos mientras éste se desempeñó como ministro de Desarrollo Social y subsecretario de Gobierno y Culto, durante la gestión e Jorge Capitanich y la gobernación interina de Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

El fiscal advierte una maniobra de “triangulación” para lavar dinero obtenido ilícitamente en operaciones inmobiliarias en las que el único beneficiario era Roberto Lugo, lo que se habría repetido en la adquisición de varios terrenos en Resistencia y una veintena en General San Martín.

La maniobra consistía en la compra de inmuebles en las que el vendedor concedía un poder a un tercero para transferir el dominio en un plazo de varios años, pero la transferencia no se hacía por lo que la operación permanecía oculta en la informalidad.

Sabadini pide investigar a fondo las empresas Real Comercializadora SRL, Intranea SA e Insumos y Productos del Paraná, creadas en esos años y que recibieron transferencias del Estado por compras que entienden que fueron direccionadas.

Intranea SA

Intranea recibió de la Provincia 4 millones de pesos entre 2012 y 2016, y entre el 6 de agosto y el 24 de noviembre de 2015 tuvo ingresos por 4,5 provenientes de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

En Intranea surge Carlos Manuel Amarilla, como empleado en septiembre, octubre y noviembre de 2012. Y desde febrero hasta diciembre de 2013 fue dependiente de Productos y Servicios del Paraná. Después se inscribió como proveedor del Estado al que facturó más de 7 millones de pesos entre 2014 y 2017, un repunte que llamó la atención del fiscal, ya que su único movimiento anterior había sido el ingreso de 600 pesos en 2011.

En ese lapso, además, Amarilla compró vehículos de los cuales otorgó cédulas “azules” a Mónica Yaczuk, esposa de Lugo, y le vendió otros que supuestamente había adquirido para sí.

Insumos y Productos del Paraná

Insumos y Productos del Paraná fue creada en marzo de 2011 por Darío Nicolás Ocampo y Patricia Vázquez, hermano y cuñada del ministro Ocampo y en febrero de 2013 Ocampo, socio gerente, le otorgó a Yaczuk un poder amplísimo de administración que le permitía comprar y vender bienes de la empresa. Y en 2014 Ocampo y Vázquez transfieren sus acciones a Mariano Stachula y Natalia Freschi.

Sabadini cree que esta empresa forma parte del entramado ideado por Lugo para desviar fondos públicos a través de supuestas operaciones con el Estado, desde dependencias controladas por él o sobre las que tenía injerencia.

Para fundamentar, señala un contrato firmado por Stachula, como socio gerente, con la firma LH para la provisión de bicicletas, en las que ofreció como garantía propiedades de Lugo, algo que considera insólito teniendo en cuenta que éste no tenía ninguna relación con la empresa.

Real Comercializadora

El mismo interés pone Sabadini en Real Comercializadora SRL, que en 2012 compró 22 inmuebles en General San Martín, que fueron puestos a disposición de Lugo a través de un poder, pero que no fueron transferidos formalmente. Y en 2015, Soledad Varela, socia gerente, esposa de Ariel Retamozo, ambos procesados en Lavado 1, transfirió un remanente de esos inmuebles a María Fernanda Tejedor, pareja de Carlos Beltrán, socio de la empresa hasta 2014.

Podría haber más implicados

Por esto, el fiscal federal pidió a la juez Niremperger se instrumenten una serie de pruebas y diligencias para determinar si se cometieron delitos y si además de Lugo, Vázquez y Amarilla surgen otros implicados. Y fundamenta su planten en el cotejo de las pruebas reunidas por el fuero federal y las que obran en la causa en la que la Justicia provincial investiga los “delitos precedentes” de Lavado 1.

En todos los casos, Sabadini destaca que Lugo “invirtió” montos sustancialmente mayores a sus ingresos, y ocultó las operaciones ante la imposibilidad de justificar el origen de los fondos.

La denuncia del Centro Mandela

Las sospechas vertidas por Sabadini en el requerimiento de ampliación de la imputación a Roberto Lugo ya habían sido ventiladas en 2014 por el Centro de Estudios Nelson Mandela, que conducía el abogado Rolando Núñez, fallecido en junio pasado.

Lo hizo a través de una investigación que tituló “Polirrubros en el Ministerio de Desarrollo Social del Chaco: un ministerio de desarrollo comercial”.

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