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Imputan también a Facundo Sampayo, hijo del líder sindical, por amenazas e intimidación pública

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, confirmó a CIUDAD TV la presentación de una ampliación de la imputación por amenazas, intimidación pública y violación de las medidas para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19 contra el hijo del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la capital chaqueña.

“Verificamos que él fue proclamado vocero de esta situación también con palabras violentas que nosotros vamos a solicitar que se instruya al respecto”, explicó Sabadini, sobre la imputación que ahora también incluirá a Facundo, hijo del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Resistencia, Jacinto Sampayo. La presentación se realizará este martes ante el Juzgado Federal y se sumará a la concretada ayer en la que se imputó a Sampayo y al secretario adjunto del STM, Darío Sardi, por amenazas, intimidación pública y violación de las medidas adoptadas para impedir la propagación de la pandemia de COVID-19. Los delitos imputados en forma conjunta por Sabadini y el fiscal general, Federico Carniel, prevén penas que van de los 6 meses a los 6 años de prisión.

Sobre si esta presentación tiene algún impacto respecto de anteriores imputaciones contra Sampayo -quién tiene un procesamiento firme por lavado de dinero agravado-, el funcionario del Ministerio Público Fiscal aclaró que “lo que hace es un mapa y un escenario de violencia que la sociedad no lo puede tolerar, y estoy seguro que no lo tolera”.

“Como represento los intereses de la generalidad, tengo al menos elementos mínimos para solicitar al juez una instrucción al respecto”, sostuvo Sabadini.

La imputación contra la cúpula del sindicato municipal se basa en una serie de audios viralizados durante el último fin de semana en los que el propio Jacinto Sampayo amenazaba a los empleados municipales con expulsarlos de la entidad sindical si no adherían al paro convocado a partir de este lunes 4 de mayo que, finalmente, fue suspendido por el dictado de una conciliación obligatoria por parte de la Dirección Provincial de Trabajo tras una presentación de los apoderados legales del Municipio de Resistencia.

Según la interpretación de los fiscales federales, la imputación por la coacción y las amenazas no requería de la concreción de la misma y apuntaba, centralmente, a que de cumplirse con el cese de servicios esenciales, como la recolección de residuos y la higiene urbana, se pondría en peligro la salud de la población, además de violarse el decreto nacional de aislamiento social preventivo y obligatorio.

La presentación del Ministerio Público Fiscal también se fundó en una denuncia realizada por la propia administración municipal que conduce Gustavo Martínez, en el marco de la pulseada que sostiene con el STM desde el inicio de su gestión.

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