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UPCP rechaza la iniciativa del gobierno de jubilación compulsiva

Desde UPCP denunciaron que en plena Emergencia Sanitaria por pandemia COVID-19, la Subsecretaría de Gestión Pública, a cargo de Patricia Unamuno, notificó la Circular Nro. 1/2020 a las Unidades de Recursos Humanos de los diferentes Ministerios, las que deberán dar carácter de muy urgente y en un plazo máximo de 72 horas proceder al inicio de los trámites de Jubilación Ordinaria Móvil y Edad Avanzada de todos los agentes que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Provincial de Jubilaciones.

En ese contexto, el secretario general de la UPCP, José Niz, sostuvo que “esto es la imposición del inicio de un proceso jubilatorio para trabajadores que en este momento están prestando servicios, sin tener en cuenta que los Decretos dictados en contexto de pandemia en materia de aislamiento y de licenciamiento no se aplican al personal mayor de 60 años afectado al servicio esencial o crítico”.

En tal sentido, remarcó que “esto pone de manifiesto que no existe en la Provincia del Chaco una Política de Estado en materia de capital humano y no se realiza un estudio profundo del plantel por jurisdicción, o de las actividades complementarias que la medida genera”.

“Improvisadamente se dicta una medida general, sin verificar previamente las necesidades del servicio, provocando un estado de incertidumbre en el trabajador que se encuentra cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus”, señaló. Así, calificó de “inoportuna e irrazonable la mismo porque el inicio de los trámites de esta naturaleza trae como consecuencia la actualización de los legajos de los agentes y ello implicará que sean notificados en domicilio y se desplacen para completar la documentación en un contexto en que el Gobernador ordenó aislarse”.

Indicó, además, que “resulta evidente que la calificación de trámite urgente por el Nivel de Subsecretaría transgrede el Decreto 433/2020 dado que la competencia para la calificación de servicio esencial es exclusiva de los Secretarios y/o Ministros”.

Pérdida del poder adquisitivo

Niz advirtió que “se suma a ello, que es el trabajador el que decide cuando jubilarse, porque la jubilación es un derecho y no es el Estado el que puede iniciar de modo inconsulto un proceso jubilatorio, sobre todo en esta crítica situación económica en que el salario del trabajador ha perdido un 50% de su poder adquisitivo y por ende impacta en el haber jubilatorio dado que si bien la ley dice que se garantiza un 82% móvil en la realidad y conforme los sistemas de prorrateo aplicados el trabajador cobra de bolsillo un 75% de su haber, a lo que se suma que a la fecha solamente se ha incrementado el salario en un 11% totalmente insuficiente para hacer frente a una inflación interanual que supera el 45% no cubriendo los gastos de la canasta familiar y otras necesidades”.

Acciones formales

Aseveró el secretario general de UPCP, que se solicitará al Gobernador de la Provincia que “se deje sin efecto la Circular referida, dado que tanto las Oficinas Públicas como su personal debe estar abocado a la prioridad que hoy tiene el Chaco, enfrentar al Coronavirus y no a la imposición de la jubilación a los trabajadores”.

“Es a todas luces desatinada la circular dictada, en este contexto, porque se dicta un proyecto de ley para incorporar personal retirado nuevamente a la función pública y contemporáneamente se pretende jubilar en masa al personal que cumple los requisitos”, subrayó.

Para finalizar, consideró que “esta acción constituye una imposición inoportuna en relación con el momento que estamos viviendo, y tiene como único objetivo reducir la planta de activos del Estado Provincial, sin prever medidas complementarias para que no se resientan los servicios públicos, sobre todo cuando es de conocimiento público y notorio el déficit de recurso humano en determinadas áreas”.

Concluyó Niz que “se agrava además la situación porque los cargos vacantes, son eliminados en el presupuesto del año siguiente y esto genera un desmantelamiento de los servicios públicos, cuando deberían planificar medidas para fortalecerlos, por que, más que nunca, necesitamos de la presencia activa del Estado, como institución protectoria de derechos”.

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