Sign in / Join

Los senadores piden redistribuir los juzgados del interior para aprobar la reforma judicial

Hasta el lunes, la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun recibirá propuestas de sus pares para modificar la reforma judicial enviada por Alberto Fernández, con el plan de firmar dictamen el jueves y aprobarla una semana después.

Como explicó LPO, el jefe del oficialismo José Mayans invitó por carta a sus dirigidos a enviar sugerencias aunque pidió que fueran “especialmente en relación con las materias que tengan injerencia en la provincia” de cada uno de ellos y así canalizar las demandas de los gobernadores.

Por otras vías le llegaron mensajes similares a referentes de los gobiernos de Misiones, Río Negro y Córdoba, calves para que haya quórum en Diputados. Cambiemos no envió recomendaciones y votará en contra de la reforma, aun cuando contenga fragmentos cortados y pegados de proyectos promovidos por Mauricio Macri cuando era presidente, en su frustrado plan Justicia 2020.

Desde Francia, donde descansa hace diez días, el lunes pasado el ex presidente pidió a los jefes parlamentarios bloquear el proyecto como sea, por considerar que cualquier retoque en los Tribunales federales sólo busca proteger a Cristina Kirchner y llevarlo al banquillo a él. Repetirá el zoom cada semana para reiterarlo.

Pero en el oficialismo también hay ruido. Los senadores  consultados por LPO se habían reunido o estaban por hacerlo con jueces y entendidos en los tribunales de sus provincias y la mayoría no estaba conforme con la distribución de los 94 juzgados federales que la ley crea en el interior del país, ni la de las 85 fiscales y 23 defensorías que engrosarían el Ministerio Público.

 “Los senadores no están conformes con la distribución de los 94 juzgados federales creados para el interior del país y creen que Alberto la improvisó porque era la parte del proyecto que menos le interesaba. El CELS de Verbitsky y la jefa de Defensores pide sumar más fiscalías”.

Por ahora, no objetaban la creación de 34 juzgados en Comodoro Py (pasan de 12 a 46), donde tramitarán las causas por corrupción de los gobiernos nacionales y es tal vez el capítulo más relevante de la reforma, negociado durante meses entre Alberto y Cristina Kirchner.

A los juristas cercanos a la vice no les convencía, pero cedieron ante la insistencia del presidente, para quien  multiplicar los tribunales de la ciudad es la mejor manera de enterrar sus peores prácticas.

Después de mirar con lupa el nuevo organigrama judicial, los senadores que defienden la reforma ante los micrófonos confiesan que no entienden bien la lógica del reparto de los nuevos juzgados. “Hay provincias que tienen 10 vacantes, le agregan más pero la siguen dejando sin Cámara de Apelaciones. Y así hay muchas situaciones que sólo se explican desde la improvisación”, detalló un miembro del Frente de Todos.

Tantas eran las dudas que algunos le pidieron a Sacnun prolongar unos días el plazo para enviar propuestas, pero no lo lograron. Se reciben borradores hasta el lunes y mientras tanto habrá intercambio de ideas con la ministra de Justicia Marcela Losardo.

Las vacantes a cubrir son otro asunto que empezó a inquietar. Ni bien asumió, Alberto retiró 153 pliegos enviados por Macri a esa Cámara, pero las ternas quedaron cajoneadas en el Ministerio de Justicia. Promete seleccionar candidatos para al menos 30 o 40 juzgados “no conflictivos” a fin de año, cuando esperan que se haya sancionado la reforma judicial con otro organigrama, con muchos más ravioles por cubrir.

El martes se realizará el quinto plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado para debatir la reforma, coordinado por Sacnun y Oscar Parrilli. Habrá otros 15 expositores, suficiente para que Cristina y sus dirigidos enfrenten  cualquier acusación de debate express y expongan la intransigencia de Cambiemos, impartida por su principal referente desde la costa azul.

No está confirmada la presentación del ex juez Eugenio Zaffaroni, a quien se esperaba para la primera teleconferencia y no apareció más. Le habrían sugerido apartarse del debate tras su inoportuna propuesta de ampliar la Corte Suprema a 15 miembros, un asunto que no forma parte del proyecto pero que los invitados mencionan igual. Recién se discutirá, también desde el martes, en un consejo de expertos junto a otras iniciativas del Gobierno para reformar la justicia.

En el tercer plenario del Senado Parrilli propuso incluir a los medios de comunicación como uno de los posibles “grupos de presión de cualquier índole” que intenten influir en sus decisiones y la ley permite denunciar ante el Consejo de la Magistratura. Los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Daniel Sabsay advirtieron que se violaría los principios de libertad de expresión vigentes en tratados internacionales.

Otros expositores dejaron más críticas. La defensora general Stella Maris Martínez y la directora ejecutiva del Cels Paula Litvachky cuestionaron la desproporción entre fiscalías y juzgados que surge de la reforma, aun cuando las primeras se encargarán de instruir las causas en el el sistema acusatorio que comenzó a implementarse en forma gradual.

Cuestionan la reforma judicial de Alberto porque crea pocas fiscalías

Desde el año pasado funciona en Jujuy y Salta y en este estaba previsto en Mendoza y Rosario, donde  Martínez vaticinó que será imposible garantizar la defensa oficial con un Ministerio Público tan débil. Recordó que el sistema acusatorio necesita el doble de fiscales que de jueces y la reforma va en sentido contrario. De hecho, el Gobierno hablan de un sistema “espejo”, con un fiscal por juez, en el mejor de los casos.

Un reclamo similar hizo para Comodoro Py Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN). En ese fuero, el proyecto pide empezar a implementar el sistema acusatorio en 2 años.

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti explicó que el despliegue de nuevas fiscalías, que deberían ser muchas, se definirá en la bicameral de monitoreo e implementación del Código Procesal Penal que ella preside y domina el oficialismo.

Pero las críticas por un aumento desmedido de jueces en la  reforma son compartidas por aliados del Frente de Todos como el rionegrino Alberto Weretinleck, quien además pidió empezar a discutir una ley para federalizar el Consejo de la Magistratura, uno de los temas de debatirá el comité de expertos. Su voz pesa porque el diputado coterráneo Luis Di Giácomo es fundamental para que tenga haya quórum.

Litvachky, además, solicitó revisar la unificación de los fueros civiles, comerciales y contencioso administrativo de la Ciudad, este último abocado a denuncias contra la administración pública. Teme que pueda haber problemas de competencia si le asignan cuestiones privadas.

Espera ser escuchada, como suele serlo siempre el organismo que preside Horacio Verbitsky. Sólo senadores de Cambiemos y expertos afines cuestionaron el régimen de subrogancias que la ley crea por un año para los nuevos cargos.

Consideraron que no es aplicable, porque se estarían definiendo reemplazos para oficinas que nunca abrieron. Nadie del oficialismo les contestó pero Sacnun aclaró que no tomarán en cuenta sus consejos si anticipan que de cualquier manera votarán en contra.

El plan, insistían en el oficialismo, es que la ley viaje a Diputados a fin de mes y se trate casi en simultáneo con el presupuesto, que ingresará por esa Cámara el 15 de septiembre. Antes, Sergio Massa negociará con los referentes de Cambiemos renovar el protocolo de sesiones remotas con dos proyectos que pidieron tratar en las últimas sesiones: el de promoción al turismo, aprobado en el Senado; y la protección a alquileres comerciales.

Como cada vez que hay una ley rechazada por la UCR y el PRO, en esa Cámara los ojos están puestos en los cuatro cordobeses, que permitieron que se aprobaran los artículos polémicos de la moratoria fiscal y de la ampliación del presupuesto.

Sólo se  rebelaron cuando el Gobierno aumentó las retenciones a las exportaciones en diciembre, o en el reciente anuncio de un proyecto para expropiar la cerealera Vicentin, que nunca se presentó. En ambos casos, el gobernador Juan Schiaretti se corrió para no pagar costos con su votante rural.

Los referentes de Cambiemos en Córdoba intentarán llevarlo a esa situación con la reforma judicial en la macha convocada para este lunes 17. La proclama será que la ley sólo busca “atajos para la impunidad” de la corrupción, repetida en las comisiones del Senado.

De todos modos, en el Frente de Todos creen que “El gringo” volverá a ayudar. Confían en que el reparto de los juzgados del proyecto, los aportes del tesoro nacional (ATN), los fondos previsonales y los avales para renegociar la deuda local que se incluirían en el presupuesto son suficientes para que sus diputados colaboren otra vez con el Gobierno. Pero todavía falta. El primer paso es el Senado.

Leave a reply