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Topadoras contra niños: ¿esa es la solución?

El jueves por la mañana los canales de noticias transmitieron en directo el operativo por el cual la Policía Bonaerense desalojó a cientos de familias que aún ocupaban el predio de Guernica. Durante horas, las pantallas transmitieron imágenes de familias con niños que eran arrinconadas por cientos de agentes de seguridad hasta que debieron abandonar sus casillas precarias, que luego eran arrasadas por las topadoras. En algunos casos, los medios vieron facilitada su tarea por la buena disposición del ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien incluso destinó su propio helicóptero para trasladar a cronistas y camarógrafos. El testimonio de los desplazados era muy triste: mujeres con bebés llorando, por ejemplo, que contaban -llorando ellas también- que los policías les habían quemado las casillas con todas sus pertenencias adentro; hombres a los que se les quebraba la voz al contar que les habían quemado hasta los documentos. “¿Adónde voy a ir ahora?”, preguntaban.

Hay versiones muy encontradas sobre por qué pasó lo que pasó. Por ejemplo, no hay coincidencia sobre el número de personas desplazadas. El gobierno bonaerense aseguró que apenas quedaban 200. El fiscal Juan Condomí Alcorta, que exigió el desalojo, calculó “no más de 600”. En un censo previo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio de Paz y Justicia habían establecido que la población del predio estaba integrada por 1.400 familias con un total de 4.417 personas. El gobierno bonaerense había asegurado que, hasta el momento del desalojo, 730 familias ya habían aceptado retirarse a cambio de un lote en otro lugar, de alguna ayuda económica, o de ambas cosas. Una simple resta permite establecer que no eran 200, ni 600 sino muchas más las personas corridas por las fuerzas de seguridad.

Tampoco se sabe por qué el operativo arrancó esa mañana. El gobierno bonaerense informó que le pidió a la Justicia varias prórrogas para poder negociar con las familias de Guernica su instalación en un lugar provisorio hasta ofrecerles un barrio con servicios elementales. Pero que, finalmente, fue el fiscal quien sostuvo que los tiempos estaban vencidos. El fiscal desmiente eso. Dice que la Justicia estableció que el desalojo debía producirse entre el 15 y el 30 de octubre. Pero que el momento fue decidido por el gobierno bonaerense, cuando aun quedaba un día y medio para seguir negociando. Cualquier negociador, en cualquier conflicto, sabe que las últimas horas son claves para llegar a un acuerdo. Todas las partes suelen tironear hasta que casi se acaba el tiempo.

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni (Twitter Andrés Blanco / @chaplinzanon)El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni (Twitter Andrés Blanco / @chaplinzanon)

Silvia Saravia, la líder de Barrios de Pie, que fue parte de las negociaciones desde el primer día, estaba azorada. Esto es lo que relató, con la voz quebrada: “No entiendo qué pasó. Ya estábamos por empezar a trasladar a las familias. El acuerdo estaba casi cerrado. Fue difícil, largo, complejísimo. Pero faltaba casi nada. De repente, el gobierno dio por concluida las negociaciones, y al rato apareció la policía y empezó a desplazar a la gente. Los niños lloraban cuando veían cómo les quemaban las casas”. Saravia fue funcionaria del Gobierno de Néstor Kirchner. De paso: ¿hubiera hecho él lo que se hizo en Guernica el jueves?

Con el correr de las horas, el gobierno bonaerense sostuvo –o sugirió de manera más o menos directa- que hizo todos los esfuerzos posibles, que había infiltrados, que los acuerdos fracasaron por culpa de las organizaciones de izquierda, que era poca gente, que se preocuparon porque nadie saliera lastimado en el operativo policial. Es cierto que físicamente nadie fue lastimado, pero ¿cómo se llama lo que le sucede psicológicamente a las personas que, en este momento, no tienen adónde ir, a los niños o a los adolescentes que ven a uniformados armados de palos y escudos destruyendo todo lo que tienen? Los “infiltrados” de los que habla Sergio Berni son, curiosamente, militantes del Nacional Buenos Aires, el mismo colegio donde se formaron el gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque.

La represión se produjo luego de dos meses de discusiones que arrancaron cuando cientos de familias se instalaron en esas cien hectáreas que, durante años y años, estuvieron prácticamente sin uso. Las tomas de este tipo siempre ofrecen dos miradas posibles. Una de ellas es la de las familias que se establecen en esos páramos. Cualquier cronista que se acerque sin prejuicios solo tiene que mirar y escuchar esa desesperación. Para que una madre se instale con tres o cuatros hijos pequeños, en esos terrenos deshabitados, donde tienen que hacer sus necesidades en pozos, no hay luz, ni agua corriente, ni pisos de material, ni electricidad, ni nada, tiene que estar presa de la desesperación. Son situaciones de una inhumanidad desesperante. Sin embargo, esa mirada sensible, que no es de izquierda ni de derecha, sino que, simplemente, es sensible, es desplazada brutalmente del debate público por otra que, por momentos, adquiere una presencia imponente y que sola se explica por una brutal disociación.¿Cómo se le explica la necesidad de proteger la propiedad privada a jóvenes que no tienen nada, en un país donde muchos tenemos todo? ¿Cómo se le explica la necesidad de proteger la propiedad privada a jóvenes que no tienen nada, en un país donde muchos tenemos todo?

Esa otra mirada sostiene que esas familias están compuestas por “usurpadores”, utilizadas por “especuladores inmobiliarios” y por agitadores de izquierda, y que la prioridad absoluta es defender la propiedad privada. En este caso, hasta ese elemento es discutible porque no estaba tan claro a quién pertenecían esas tierras. A lo largo de las semanas, una cantidad enorme de políticos de la centroderecha pidió que tronara el escarmiento hacia los desamparados que esperaban en Guernica. La líder de ese reclamo era la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esa mirada era acompañada, también desde el primer día, por el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, un soldado de Cristina Kirchner, que difundió videos con arengas en tono militar en los que proclamaba que “en la provincia de Buenos Aires la propiedad privada es y será inviolable”.

El respeto al derecho de propiedad privada, naturalmente, es un organizador central de las sociedades occidentales. Pero esta segunda mirada prescinde de que muchas veces, en determinadas situaciones sociales, hay derechos que chocan entre sí: la percepción de esa complejidad también es una virtud de las sociedades capitalistas más justas. ¿Cómo se le explica la necesidad de proteger la propiedad privada a jóvenes que no tienen nada, en un país donde muchos tenemos todo? ¿No es ofensivo, hiriente, cruel, insensible?

En la Argentina, a medida que pasan los gobiernos, los indicadores de pobreza infantil son cada vez más estremecedores. En el mundo de la grieta cada cual puede argumentar que la culpa es del otro. Pero esos chicos están ahí. Y, son muchos y cada vez más. ¿Qué respuesta les va a dar la democracia argentina? ¿Les va a decir usurpadores, vivos, vagos, delincuentes? ¿Les va a mandar las topadoras una y otra vez? ¿Alcanzarán para tantos? ¿Va a calificar como tibios o cómplices a los gobiernos que no los pasen por encima? ¿Va a pontificar que darles algo después de una toma es estimular las tomas y entonces mejor no ayudarlos? No parece una solución sensible. ¿Será una solución inteligente?

El debate que giró alrededor de la toma de Guernica estuvo dominado por esas personas crueles y brutas que solo creen en la lógica de las topadoras. Junto a ellos convive un sector social, mediático y político que responde de manera culposa: no defiende sus valores de siempre porque parecen piantavotos o, simplemente, prefiere no pensar para no ser acusados de vaya a saber qué cosa.

En ese contexto, el gobierno bonaerense decidió tomar una decisión para que no queden dudas de que defiende la propiedad privada. “Recuerdan imágenes de la dictadura”, dijo el padre Pepe Di Paola. ¿Quién tomó la decisión? ¿Kicillof, Berni, Cristina, Máximo? En cualquier caso, el kirchnerismo es preso de su propio discurso. Hace solo tres meses, Cristina Fernández denunció a Horacio Rodríguez Larreta por haber detenido dos personas durante una marcha en memoria de Santiago Maldonado.

El jueves por la tarde, el predio de Guernica volvió a estar deshabitado. La propiedad privada fue defendida. ¿Qué habrá allí en un par de años? ¿Un barrio con todos los servicios? ¿O seguirá como hasta ahora: tierras inútiles, abandonadas, sin destino, donde pastorea algún animal? ¿Y que será de las familias que se establecieron allí para pelear por un pedazo de tierra, apenas eso?

Cuando el poder no contempla los dilemas y las complejidades de un problema, se impone la lógica bruta de las topadoras.

Y el país se pone extraño, oscuro, temible.

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