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La historia de Abigail y Gianna en primera persona: “Línea 102, lo peor que nos pudo pasar”, dice Alejandra Gamarra

Acuerdo de responsabilidad parental en favor de Alejandra Gamarra.

Acta legal que avala que Alejandra y Patricia no se apropiaron de las niñas, sino que hubo un acuerdo de responsabilidad parental con la madre.

Gonzalo Segovia, asistente social de la Línea 102 que no escuchó a la familia Gamarra sino que actuó según su criterio arrancados a dos niñas de un hogar lleno de amor.

Alejandra Gamarra, madre del corazón de Abigail, hoy en manos de la Línea 102 cuenta en primera persona lo que le tocó vivir por una “jugada” de un abogado que las dejó en la indefensión sin seguir el trámite para la tenencia definitiva de su niña, y la de su hermana Patricia, mamá del corazón de Gianna, dos hermanas que fueron entregadas por su mamá debido a que no tenía los recursos para criarlas.

El abogado que dejó sin terminar el papelerío y en la deriva legal a estas dos mujeres fue Aldo Sánchez. Después tuvieron que sufrir y padecer el mal accionar de la Línea 102, al que acudieron de buena fe hace seis meses. Ahora esperan que la Cámara de Apelaciones resuelva el caso a favor de ellas y las nenas vuelvan a su casa de La Verde donde estaban siendo criadas felizmente.

Todo inició en 2016

“En 2016, la señora Sara Molina madre de varios niños a quien conocimos por compartir la fe, siendo de la Iglesia Cristiana me encarga el cuidado de su hija Abigail Stefanía, nacida en Resistencia, el 8 de septiembre de ese año,  este pedido se plasmó en un acuerdo realizado en el Centro de Mediación del Poder Judicial, según las indicaciones de quien fuera entonces mi abogado,  Expediente  Nº 6314/16, que luego se presenta al Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Juez Nº 2, doctora Patricia Sa.

Desde esos primeros momentos de su vida yo me hice cargo personalmente de todo lo que necesitaba, material y afectivamente, velé por su sueño, cuidé su crecimiento; le proporciones la máxima atención, y por eso era una niña muy feliz. Desde que la mamá salió del hospital J.C Perrando, donde nació hasta el 6 de septiembre de 2019, siempre y en todo momento Stefania Abigail estuvo a mi cargo, yo le enseñe a comer, a caminar, a hablar, a jugar.

Le brindamos no solo alguien que ejerciera el rol de madre, sino abuelos, tíos, tías, primos, a medida que creciera podríamos explicarle la realidad biológica y ver qué pasos seguir. Éramos su familia en los términos del decreto 415/06 reglamentario de la Ley 26061 en sentido amplio “Artículo 7: Se entenderá por “familia o núcleo familiar”, “grupo familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar comunitario”, y “familia ampliada”, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección. Los organismos del Estado y de la comunidad que presten asistencia a las niñas, niños y sus familias deberán difundir y hacer saber a todas las personas asistidas de los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones familiares.

En enero de 2018, Sara Molina tuvo otra niña Gianna Rebecca, nació el 12 en el Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, y entonces le encargó su cuidado a mi hermana Patricia Gamarra, así que las dos crecían juntas en un ambiente familiar, con fe y amor.

En mi ignorancia recurrir a la Policía de la provincia en mi pueblo La Verde a pedir ayuda, porque no entendía la situación legal y el profesional que me había atendido no me recibía; desde el organismo se dio intervención al Sistema de Protección de Derechos de niñas, niños y adolescentes, que en lugar de venir a nuestro hogar y verificar el excelente estado de las niñas y darnos asesoramiento, con engaños nos las arrebataron.

En la provincia del Chaco la Ley 2086 C prevé que cuando una niña esta con amenaza de vulneración de derechos se la proteja a través de medidas, en nuestro caso lo que se hizo fue usar ilegalmente una medida inapropiada e ilegal por la cual nos obligaron a dejarlas ir y nos sacaron su documentación. Empezamos a peregrinar por distintos lugares a pedir ayuda en la Línea 102 donde se nos había citado para quitarnos las niñas nos dijeron que no podíamos pedir nada, que no éramos nadie, ni teníamos derechos, que la madre biológica no podía encargarnos la atención y cuidado. Nos trataron peor que a criminales, el estado (P. Ejecutivo) mediante los operadores de ese momento nos re victimizó. Solo podíamos llorar y sufrir desesperadas tratando que se revierta cuanto antes la desgracia que pusieron en nuestro hogar.

En el juzgado no nos permitieron participar de la audiencia de control de legalidad de la medida, en ese lugar físico – juzgado French 166- la niña Abigail me vio y desgarradoramente gritaba mama, mama. A nadie, a ninguna persona le importó ni mi dolor ni el de la niña.

El Estado ahora desde otro poder, el Judicial, nos volvió a maltratar, ejercieron la peor violencia contra mujeres que vivimos en nuestras vidas. Buscamos una abogada particular y promovimos una medida cautelar para reintegrar a las niñas a su centro de vida  causa “GAMARRA NORMA ALEJANDA s/ MEDIDA CAUTELAR”, Expte. Nº 5757/19 el día 18 de septiembre del 2019 peticionamos, todo nos iban obstruyendo, no nos dejaron verlas nunca  más, no nos dieron intervención en la causa para definir sus situaciones y a la madre biológica la mantuvieron sin abogado para manipularla.

La juez no nos atendía por más que se pedía audiencia hasta que hicimos una manifestación en las puertas del tribunal, confiamos que se repararía el daño, pero no, por el contrario el 18 de diciembre de 2019 tuvimos otra mala noticia, rechazó la acción. Apelamos y volvimos a creer en la Justicia, pero llegó la feria y empezaron la cadena para no resolver. Mientras nos enteramos que declararon a las niñas en “estado de adoptabilidad”, tampoco nos dejaron ser parte de ese proceso, pero presentamos una guarda preadoptiva que no dieron trámite en feria.

Ya para entonces cambió el Gobierno en la provincia y la nueva gestión no fue indiferente, la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia nos recibió, nos contactó con otras autoridades, nos dio un espacio para contar cómo el Estado violó nuestro derecho a ser familia, como por nuestra condición sociocultural no advertimos nada malo ni oscuro en cuidar como propias las niñas que nacieron de una madre que confió en nosotras, no nos acusaron, nos evaluaron y comprendieron la sucesión de malas intervenciones.

En este momento esperamos que la Cámara de Apelaciones resuelva los recursos el que presentamos con nuestra abogada y el que presentó la Secretaria de Derechos Humanos por las violaciones sucesivas a sus derechos.

Necesitamos que la historia de las vidas de Abigail Stefanía y  Gianna Rebeca, no sean truncadas, que se respeten sus derechos, que puedan crecer con quienes asumimos el rol de cuidado constante y directo hasta que la mala intervención del Estado hizo que aun hoy sigan lejos.

Si la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061, el Decreto 415/06, la Ley del Chaco 2086 C, todas reconocen los lazos de la socioafectividad ¿cómo entonces no intervenir para que vengan y podamos seguir el camino que emprendimos juntas hace varios años?.

Necesitamos ayuda y que este dolor no se inútil que sirva para hacer real que cada caso se mire en particular”, dice la carta que Alejandra envió a NOVA.

Caso Gamarra, el inicio de la pesadilla

El 6 de octubre de 2019 quedará grabado a fuego en la familia Gamarra y sus dos pequeños tesoros Abigail y Gianna, ya que ante la incertidumbre en la que estaban sumidos, ante el abandono del abogado Sánchez, que patrocinaba a la familia, fueron en busca de lo que la Línea 102 les había prometido: asistencia y contención para resguardar a sus niñas y la realidad fue otra cosa. Mónica Avalos se apropió de manera violenta y mala fe de la documentación que obraba en poder de Alejandra Gamarra despojándola de la misma y ahí ahora los resultados.

En la puerta de su casa en la localidad de La Verde están presentes dos personas que negaron a identificarse con el firme propósito de retirar las niñas del su domicilio sin exhibir documentación respiratoria alguna que avale la salvajada que estaban por cometer. “A las cansadas se identifican como el asistente Social Gonzalo Segovia y la Psicóloga Mariana Meza, eso dicho de palabra, jamás exhibieron credenciales”, recuerda Alejandra.

La familia Gamarra no sabía qué hacer si retener las  niñas o entregarlas confiando que se solucionaría todo pues ellos legalmente estaban amparados y la mamá biológica de las niñas estaba en total conocimiento de todo.

La familia Gamarra los invitaba a ingresar a la casa para que fehacientemente comprobaran en que forma vivían las pequeñas, no solo materialmente si no contenidas y criadas con el amor de hogar.

En medio de ruegos y llantos desconsolados tanto de las niñas como de su familia, se les rogó que por favor tuvieran la contemplación que ya los preparativos del festejo de cumpleaños de A estaban muy avanzados , que las dejen hasta esa fecha, lo que la familia Gamarra no estaba enterada es que se estaba llevando a cabo un protocolo acorde a la Ley Provincial 2086 que prevé el accionar el Estado cuando se presenta una situación de amenaza y vulneración de los derechos y la integridad de los niños, aquí, como en muchos casos más, no estaba siendo razonable la aplicación del mismo.

Estos personajes desalmados seguían órdenes sin mostrar flexibilidad alguna de evaluar la situación que tenían frente, una familia a punto de ser desgarrada para siempre, no contemplaban la psicóloga, el daño que en ese momento estaba comenzando a producirse en la psiquis de las menores A y G al ser retiradas como paquetes del lugar donde se desarrollaron, donde su mami suplicante les enseñó a comer, a caminar, su familia jugaba con ellas , las contenía pobrecitas ellas no entendían nada de porque estas dos personas adultas las estaban separando de sus amores sin empatía, sin emociones o piedad alguna ni para con los adultos que estaban devastados sin comprender nada y menos hacia las niñas que fueron cargadas cual objetos dentro de la camioneta del 102.

La familia Gamarra padeciendo “la peor de las pesadillas, sumidos en el horror de ver como se llevaban a sus dos pequeñas princesas de su lado” sin mediar explicación lógica alguna, ni exhibir documentación apelan al lado humano de Gonzalo Segovia y Mariana Meza, pero estos no solo les prohíben contacto alguno con las niñas, no les dejaron dar ni un beso y abrazo de despedida, sino que también se niegan a decirles dónde iban a llevar a las menores de edad. En menos de 24 horas esta familia queda desmembrada y sumida en la incertidumbre total.

Las irregularidades del procedimiento de la Línea 102 son terroríficas, se presentaron en el domicilio de la familia Gamarra sin ninguna documentación que los avale para lo que habían hecho, destrozarles la vida a dos pequeñas y su familia,  no pasaron por la comisaría de La Verde para exponer que las niñas estaba en manos de Estado provincial ni para dejar constancia donde las llevarían.

Tampoco llevaron a las menores de edad a que sean sometidas a un chequeo de salud general donde haga constar que del domicilio de donde las retiraron no tenían siquiera una picadura de mosquitos. Nada, todo hecho con un solo propósito: sacar las niñas de un hogar bien constituido donde hasta el momento de la desgraciada intervención del estado, fueron criadas, amadas, contenidas y acompañadas en su desarrollo de manera incondicional y amorosa.

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