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Actualizan la Ley que crea el Programa Provincial de Asistencia a la Víctima del Delito

Por iniciativa de la diputada Claudia Panzardi, se sancionó la Ley 2904-J que modifica la Ley 1096-J (antes ley 4796) Programa Provincial de Asistencia a la Víctima del Delito actualizando la norma e incorporando entre otros puntos el reconocimiento de derechos de las víctimas.

Entre los objetivos del programa, la norma plantea el reconocimiento de los siguientes derechos de la víctima: A que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta; recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación; requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes; ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social, durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes.

También tendrá derechos a ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento; a que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible; a intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales; a examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado.

Finalmente, la víctima podrá aportar información y pruebas durante la investigación; deberá ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente; deberá ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada; podrá solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante; tendrá derecho a que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores; a que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia; y al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada de solventarlos.

Asimismo, establece que cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada.

Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos: si la víctima fuere menor de edad o mayor de setenta años, o se tratare de una persona con discapacidad; y si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.

La ley modifica el artículo 7º señalando que se presumirá la existencia de peligro si se tratare de víctimas de los siguientes delitos: contra la vida; contra la integridad sexual; terrorismo; cometidos por una asociación ilícita u organización criminal; contra la mujer, cometidos con violencia de género; trata de personas.

Durante la ejecución de la pena la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a: Salidas transitorias; régimen de semilibertad; libertad Condicional; prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención; libertad asistida; o régimen preparatorio para su liberación.

El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que se recibirá las comunicaciones.

Si la gravedad del hecho que motivó la condena y las circunstancias del caso permitieran presumir peligro para la víctima, la autoridad de aplicación deberá adoptar las medidas precautorias necesarias para prevenirlo. A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se tendrá especialmente en cuenta lo establecido anteriormente en la misma norma.

La autora de la norma, diputada Claudia Panzardi, explicó que la misma busca armonizar la ley 1096 antes 4796 programa de asistencia a victimas de delitos, con la Ley Nacional de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos y señaló que “el proyecto pretendía la adhesión a la ley nacional, sin embargo diversos organismos consideraron necesaria una adecuación a la legislación, en función de las opiniones vertidas se reformulo el proyecto en este sentido”.

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