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Pretenden reprimir con hasta dos años de cárcel a quienes persistan en cortar rutas o calles en el Chaco

El Ejecutivo provincial presentó un proyecto de ley que propone un protocolo de actuación de la policía en las manifestaciones sociales. Establece que quienes continúen con el corte de tránsito –luego de ser escuchadas sus demandas- estarán sujetos a la aplicación del artículo 194 del Código Penal. También le dará la potestad a la policía para establecer el lugar donde los periodistas cubrir la manifestación. Aclaran que los procedimientos serán registrados en video.

Uno de los talones de Aquiles de la gestión del gobierno. Así había bautizado en diciembre del año pasado el gobernador, Domingo Peppo, a los piquetes que se realizan periódicamente en calles y rutas del Chaco y sobre los cuales reconoció que le generan “malestar” porque “no creemos que ese es el camino”.

Finalmente, el lunes, el gobierno provincial presentó un proyecto a través del cual pretende modificar la Ley que actualmente regula los criterios mínimos que debe tener la policía durante manifestaciones sociales.

La iniciativa propone un protocolo de actuación que advierte que quienes continúen con el corte de tránsito – luego de ser escuchadas sus demandas- estarán sujetos a la aplicación del artículo 194 del Código Penal, que penaliza con hasta dos años de cárcel a quienes entorpecieren “el normal funcionamiento de los transportes” públicos o privados.

El proyecto de ley lleva el número 1945/2018. El mismo modifica los artículos 2°, 3° y 7° de la ley Nº 2.399-J (sobre criterios mínimos de actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas) la cual fue aprobada en noviembre de 2015.

La iniciativa busca establecer un procedimiento de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas programadas como en manifestaciones espontáneas. Dispone que se comunique la situación en forma inmediata a las autoridades competentes del Gobierno Provincial, y que se establezca un espacio de negociaciones para cesar el corte, notificando al Poder Judicial.

Una vez recepcionados los reclamos se deberá dar aviso al responsable del área correspondiente, quien deberá dar a conocer las respuestas de la petición a los manifestantes. Y al haber sido escuchado en sus peticiones, “sin perjuicio del resultado de las mismas”, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a los manifestantes que desistan de cortar las vías de circulación de tránsito, quienes deberán retirarse y ubicarse en la zona determinada por la autoridad local para ejercer sus derechos constitucionales.

En el inciso 4°, del artículo 8 bis, aclara que de no cesar en el bloqueo del tránsito, los manifestantes quedarán “bajo apercibimiento de incurrir en el art. 194 del Código Penal, y en las faltas y contravenciones previstas en el Código de Faltas de la provincia”.

Cabe recordar que ese artículo del Código Penal establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Además, la propuesta legislativa promueve la filmación de las manifestaciones. Aclara que “en la medida de las posibilidades”, se procederá a filmar y fotografiar los operativos, para el caso de ser “requeridas posteriormente por la Justicia, o que permitan evaluar el desempeño del personal interviniente.”

El proyecto también se mete en la actuación de los periodistas. “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”, sostiene la iniciativa.

En cuanto al uso de la fuerza, el personal de las fuerzas de seguridad “no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de los manifestantes”. “Se deberá limitar el uso de la fuerza como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”, indica el proyecto.

 

Parte del proyecto:

Proyecto de Ley N° 1945/2018

Extracto: MODIFÍCA LOS ARTÍCULOS 2º, 3º Y 7° DE LA LEY Nº 2.399-J (CRITERIOS MÍNIMOS SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIALES Y FUERZAS DE SEGURIDAD EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS).

ARTÍCULO 1°: Modifícanse los artículos 2º, 3º y 7° de la Ley Nº 2.399-J (criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas), los que quedarán redactados de la siguiente manera:

 

“Artículo 2°: Los cuerpos policiales y las FFSS están obligados a observar la Constitución Nacional, el Código Penal, la Ley de Seguridad Interior, el Código Procesal Penal del Chaco, y toda normativa vigente aplicable.

Deberán además respetar los principios de legalidad, oportunidad, de último recurso frente a una resistencia o amenaza, y de gradualidad, agotando primeramente todas las herramientas e instancias para garantizar la resoluciónpacífica de los conflictos y la restauración del equilibrio y la armonía social. La intervención de dichas fuerzas deberá ser progresiva y se deberá priorizar la protección a la vida y la integridad física de todos los involucrados.”

 

“Artículo 3°: Establézcanse pautas para la intervención policial tanto en manifestaciones públicas programadas como en manifestaciones espontáneas. Asimismo, las pautas deberán comprendertanto a manifestaciones de gran envergadura, como también a otras de menor escala, adecuandolas intervenciones a realizarse en uno y otro caso.

A los fines de la presente, se considerarán manifestaciones públicas a las concentraciones pacíficas de personas, que se expresan con un fin o motivo en común, las que podrán ser programadas o espontáneas, y que se desarrollan por un período limitado de tiempo.

Se entenderán como Programadas cuando las autoridades competentes del gobierno provincial, tomen conocimiento de manera anticipada y por cualquier medio de la concentración.

Se entenderán como Espontáneas aquellas manifestaciones cuando no estén programadas, y las autoridades provinciales correspondientes no hayan tomado conocimiento con la debida antelación de la misma.”

 

“Artículo 7°: La autoridad provincial competente tomará contacto con los líderes de la manifestación, a fin de encausar la misma en el marco de las leyes vigentes, coordinando dicha movilización de acuerdo a las características de la misma para establecer su recorrido, tiempo de duración y realización, dando aviso al Poder Judicial para su correspondiente intervención.”

 

ARTÍCULO 2°: Incorpórense los artículos 8º Bis, 21 bis y 22 bis a la Ley Nº 2399-J, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

 

“Artículo 8° bis: PROCEDIMIENTO. Los cuerpos policiales y las FFSS procederán de acuerdo a las siguientes reglas:

1)           Comunicarán la situación en forma inmediata a las autoridades competentes del Gobierno Provincial, de acuerdo a su jurisdicción.

2)           Establecerán un espacio de negociación para que cese el corte y se le notificará al Poder Judicial. Dicha negociación deberá estar a cargo de un funcionario civil, y tendrá por objeto identificar las demandas de los manifestantes para su debida canalización ante el área que corresponda.

3)           Recepcionados los reclamos, el funcionario designado a cargo de la negociación, dará aviso inmediato al funcionario responsable del área correspondiente conforme las mismas, quien con posterioridad dará a conocer las respuestas de la petición a los manifestantes.

4)           Una vez que los líderes de la manifestación o concentración hayan sido escuchados en sus pretensiones, sin perjuicio del resultado de las mismas, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a los manifestantes a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que desistan de cortar las vías de circulación de tránsito, quienes deberán retirarse y ubicarse en la zona determinada por la autoridad local para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación, bajo apercibimiento de incurrir en el art. 194 del Código Penal, y en las faltas y contravenciones previstas en el Código de Faltas de la provincia.

5) La zona en donde deberán ubicarse los manifestantes será determinada por la autoridad competente de cada localidad, debiendo ser una plaza o espacio público que, de acuerdo a sus dimensiones, permita la concentración de las personas que participen de la manifestación, sin obstruir la libre circulación vehicular.

Cuando no se trate de zona urbana, el desarrollo de dicha movilización en rutas y caminos no podrá ingresar a las vías de circulación del tránsito vehicular. La Policía Caminera de la provincia será la interviniente y deberá controlar la disminución de velocidad vehicular y facilitar acciones para la distribución de volantes, folletos y otra papelería a través del cual se expresen los reclamos.

6) Las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras.

7) Ante el incumplimiento de la orden recibida, se les solicitará a los manifestantes que depongan el corte y se trasladen a la zona determinada por la autoridad local, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de la provincia, debiendonotificar al Magistrado competente de dicha circunstancia, procediéndose a intervenir la manifestación a fin de desobstruir las vías de circulación y transporte atento la importancia estratégica de las mismas, y la operatividad de los derechos constitucionales afectados.

8)           El personal de las FFSS no deberá reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de los manifestantes.

9)           Se deberá limitar el uso de la fuerza como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa.

10)         Una vez finalizada la negociación y liberadas las vías de circulación, entre las autoridades competentes del Gobierno Provincial pertenecientes a los Ministerios de las demandas involucradas, y los líderes de las concentraciones o manifestaciones, se labrará un acta de todo lo actuado y de lo acordado por las partes.

11)         Si entre los manifestantes se encontraren personas que inciten a la violencia y/o porten elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo elemento que pudiere dañar la integridad de las personas, del cuerpo policial o de las FFSS, de los bienes que se encontraren en el lugar de la protesta, y del medioambiente; se procederá a aislar e identificar a dichas personas, y a tomar las medidas necesarias para prevenir la posible comisión de faltas y de delitos, procediéndose al secuestro de los elementos contundentes.

12)         Si se provocaren daños a las personas o a los bienes con motivo u en ocasión de la manifestación se procederá a detener a los autores del hecho y a ponerlos inmediatamente a disposición del Fiscal de Investigación en turno o Juez competente según corresponda.

13)         En el supuesto de que provoquen daños a bienes del Estado, se promoverá la acción civil correspondiente contra el que ocasionare el daño, contra la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, contra sus representantes legales o administradores de hecho y/o contra quien corresponda, a fin de que se repongan los bienes dañados.

14)         Ante la comisión de cualquier delito de acción pública, se procederá conforme a las normas vigentes y las directivas que el Juez o Fiscal competentes impartieren.

15) Se podrá disponer del uso de vallados u otro tipo de delimitación eficiente del espacio público para evitar el contacto cuerpo a cuerpo entre manifestantes y policías.

16) Se deberá garantizar la provisión de asistencia médica inmediata a quienes lo requieran.”

 

“Artículo 21 bis: En la medida de las posibilidades, se procederá a la filmación (video y audio) y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la Justicia, o que permitan evaluar el desempeño del personal interviniente.”

 

“Artículo 22 bis: La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento.

El material y herramientas de trabajo de los mismos no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.”

 

 

 

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